Denuncia contra NG Power revela posible impacto ambiental relacionado con el Proyecto Telfers

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La empresa Panamá NG Power S.A debería revisar el estudio de Impacto Ambiental del Proyecto de la Termoeléctrica a gas licuado, tan controversial por las anomalías que presenta desde el inicio por la forma que se dio el Acto Competitivo para su adjudicación.

Ahora el Abogado Enrique De Gracia interpuso una demanda de nulidad contra la resolución que autorizó el Estudio de Impacto Ambiental de la empresa NG Power que el pasado 12 de febrero de 2014 presentó una solicitud de modificación de dicho estudio que ampliaba de 150 a 670 megavatios la capacidad de generación, ante la entonces Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM).

De Gracia fundamentó su demanda de nulidad en diversos argumentos de procedimiento administrativo y de violación de la normativa legal panameña, pues esta acción de modificación en la capacidad de generación puede establecer precedentes en materia de Derecho Ambiental según reseñó el Diario La Prensa, 19 de octubre de 2020.

La demanda de 32 páginas está basada en que la resolución de 2014 se emitió 2 años y 11 meses después de la de 2011 y tenía una vigencia de 2 años, esto quiere decir que a la fecha había vencido el término de autorización lo que impedía que fuera modificada como lo realizó la ANAM. A esto se le agrega que no se efectuó un nuevo estudio incorporando las nuevas medidas de mitigación, así como tampoco realizaron otros trámites reglamentarios como son las consultas ciudadanas.

Lezcano objetó que la categoría del proyecto era incorrecta, pues el estudio de Impacto Ambiental original era de categoría II y por el grado de afectación debió ser de categoría III.

El abogado para elaborar la denuncia tomó como referencia proyectos similares como el que pretende desarrollar la sociedad Martano, Inc denominado Gas to Power Panama y otro que lleva por nombre Proyecto Costa Norte a ser ejecutado por Gas Natural Atlántico, S.DER.L ambos de generación eléctrica con base en gas natural considerados Categoría III según las respectivas resoluciones de Ministerio de Ambiente. Tomando en cuenta esta base la propuesta de NG Power es de mayor tamaño y según el argumento contenido en la demanda de nulidad debe tener la misma categoría III.

Asimismo, De Gracia incluyó otro punto importante como lo es que para el 2014 no tenía la compatibilidad con las operaciones de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), ya que anteriormente el permiso era para una construcción de 150 megavatios y no para una obra de magnitud de 670 megavatios, posteriormente fue emitido seis años más tarde, a finales de septiembre de 2020.

El problema se presenta que dicho permiso era para 150 y de ampliar este permiso sin efectuar los trámites legales correspondiente incurre en irregularidades desde el punto de vista legal, por ello, está pendiente por la Corte Suprema de Justicia resolver una demanda presentada en agosto de 2019 contra la resolución del Ministerio de Ambiente del 21 de febrero de 2014 mediante la cual se modificó la categoría del Estudio de Impacto Ambiental.

Es así, que de llegarse a ejecutar este megaproyecto se incumple con las reglas de uso de suelo de las riberas del Canal y ACP estará obligada a cancelar el permiso, ya que esta autoridad debe velar para que se mantenga el correcto funcionamiento del Canal y que no se vea afectada la calidad del agua ni se ponga en riesgo el medioambiente.

En definitiva, este polémico caso no sólo incurre en irregularidades desde el punto de vista ambiental tomando en cuenta lo anteriormente expuesto en la demanda interpuesta por De Gracia, sino que está salpicado de anomalías desde el inicio del mismo, cuando la empresa NG Power se adjudicó de manera no transparente la construcción de la obra en el Acto Competitivo, como mostraron medios de comunicación nacionales e internacionales. Y otro punto importante que se le une a esta lista son las declaraciones públicas de la empresa, con datos manipulados y sin base técnica sobre diferenciales de costos.